Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVJ), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL) presentaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Estas organizaciones representan a 308 familiares de 53 víctimas de los mal llamados “falsos positivos”.

De acuerdo con un comunicado firmado por las organizaciones, las inconformidades de las familias se basan en el establecimiento de un plazo de dos años para que se presenten demandas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, referentes a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es decir que, desde que se tiene conocimiento de los hechos, empieza a correr el tiempo para poder presentar la demanda y, de esta manera, poder contar con una reparación integral.

Esta medida, que quedó en firme en 2020 por decisión del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sería contraria a lo establecido en estándares interamericanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que representaría trabas para que los familiares de las víctimas interpongan el recurso y puedan acceder a la reparación integral que precisan.

“Esta medida desconoce lo que han dicho tribunales regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha asegurado que este límite de tiempo no aplica para esta clase de crímenes”, señala el comunicado de las organizaciones.

Atentado con 'burro bomba' de las FARC violó las leyes de la guerra: JEP

El atentado con el 'burro bomba' llevado a cabo por las FARC en el municipio de Chalán, Sucre, en 1996, sigue siendo un doloroso episodio en la historia colombiana. La Jurisdicción Especial para la Paz emitio un veredicto que arroja nueva luz sobre este acto violento, calificándolo como una violación a las leyes de la guerra, marcando un hito en la búsqueda de justicia y reconciliación en el país.

La JEP, encargada de esclarecer y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, calificó el acto como un crimen de guerra por perfidia, subrayando que las FARC infringieron el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al disfrazar a un joven guerrillero de 15 años como civil y utilizarlo para llevar el explosivo hasta la estación de Policía. La incineración de los cuerpos de los agentes que sobrevivieron al ataque también fue condenada como una muestra de crueldad inaceptable.

Para respaldar esta decisión, la Sección de Apelación de la JEP señaló: "Haber fingido la condición de civil de quien condujo y ubicó el artefacto explosivo frente a la estación de Policía, asesinar a los agentes que habían depuesto las armas e incinerar sus cuerpos, desconoció las exigencias mínimas de lealtad en la conducción de hostilidades, constituyó un claro ejemplo de perfidia, y vulneró prohibiciones expresas del DIH, todo lo cual tornó la acción militar en una violación a las leyes de la guerra."

No obstante, la JEP también reconoció que el objetivo del ataque, la estación de Policía, era legítimo en el contexto del conflicto armado colombiano. Argumentaron que la explosión no afectó infraestructuras críticas ni bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, lo que llevó a considerar que el objetivo era válido. La JEP
 

destacó que las FARC tomaron medidas de precaución para evitar daños innecesarios a la población civil.

Sin embargo, esta decisión desencadenó un debate interno en la JEP, con la magistrada Sandra Gamboa Rubiano expresando su desacuerdo. Ella lamentó que la JEP haya considerado aspectos no discutidos previamente durante el proceso y advirtió sobre el riesgo de legitimar la consideración de menores como objetivos militares válidos, lo que supondría una grave vulneración de los derechos humanos.

“Durante el trámite de amnistía adelantado en la primera instancia el debate se centró en la legitimidad del objetivo de la incursión armada de la otrora FARC-EP y no se advierte que se hubiesen puesto en cuestionamiento los métodos de guerra utilizados por esa organización, por ello, cualquier asunto relativo a ese tema no fue controvertido por la defensa ni puesto en consideración de las víctimas o del Ministerio Público, tornándose la presente decisión en sorpresiva y ajena a cualquier tipo de ejercicio dialógico”, dijo Gamboa.

El caso del 'burro bomba' continúa siendo un punto de referencia en la búsqueda de justicia y reconciliación en Colombia, y la JEP sigue desempeñando un papel crucial en la revisión de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. La decisión también generó preocupación sobre la posibilidad de una macrovictimización en casos como este, lo que podría llevar a un reconocimiento más amplio y garantista de las víctimas y sus derechos en el futuro.

Los 55 elefantes blancos que le cuestan $1,5 billones a Bogotá: Contraloría

En cumplimiento de una auditoría realizada para la vigilancia y el control fiscal de más de $3,8 billones en Bogotá, la Contraloría General de la Nación y la Contraloría Distrital, hallaron 55 proyectos catalogados como ‘elefantes blacos’ en la capital.

La acción conjunta de las dos contralorías tuvo como objeto validar el alcance y optimización de los recursos públicos asignados y ejecutados por el distrito para el sector de la educación, específicamente para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), infraestructura educativa y algunos recursos asociados a la cultura, recreación y deporte, para la vigencia 2022.

En la actualidad el distrito cuenta con 406 instituciones educativas (745 sedes) y 765.102 estudiantes con matrícula oficial registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

Durante la presentación de la auditoría, el vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, se refirió al tema y aseguró que, “en Bogotá tenemos varios proyectos dentro del Programa de Infraestructura Educativa que aún no han sido completados y que se encuentran en la categoría de elefantes blancos, obras críticas o proyectos sin concluir. Son 55 proyectos con este estatus, representando una inversión de 1.5 billones de pesos”.

Así mismo, el director para el Sector Educación de la Contraloría de Bogotá, Andrés Rojas Palomino, resaltó que “hemos iniciado un trabajo muy completo y articulado de control fiscal sobre los recursos para la educación en Bogotá, con todas las capacidades y la tecnología de las contralorías, para garantizar que nuestros estudiantes cuenten con todo lo que necesitan y que cuidemos hasta el último peso”.

De acuerdo con los entes de control fiscal, el seguimiento continuará y sus resultados se darán a conocer en diciembre de 2023.