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Procuraduría investiga
al ministro de Salud por insultar a una funcionaria

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación
preliminar contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo
Martínez, porque habría increpado a una funcionaria en hechos ocurridos
el pasado 24 de abril, del municipio de Puerto Gaitán, en el
departamento del Meta.
Los hechos se habrían presentado en una visita que el ministro Jaramillo
Martínez, realizaba al hospital público del municipio de Puerto Gaitán,
el pasado 24 de abril, en compañía de la gerente de la ESE Departamental
del Meta, María del Carmen Rodríguez, a quien con palabras fuertes e
irrespetuosas increpó sobre la atención que le prestan a los pacientes.
“Ojalá le tocara a usted enfermarse aquí y que no tuviera familia, hijue*,
y detrás su familia bregando con usted”, aseveró el ministro, mientras
caminaba dentro del centro médico ubicado en el municipio más petrolero
del Meta. El ministro todo el tiempo hizo referencia a las deficiencias
del sistema de salud que, según él, afectan directamente a los
ciudadanos del común.
El funcionario criticó la atención en el hospital público de ese
municipio donde al parecer no se cumple con la atención primaria a los
pacientes de la zona.
Jaramillo criticó el actuar de la ESE Departamental del Meta Solución
Salud, responsable de la operación de la mayoría de los puestos de salud
de los municipios del Meta.
El ministro también escuchó a los profesionales de la salud y cuestionó
el servicio que se presta a los usuarios.
"Ante estos hechos de notorio conocimiento, procede la Sala
Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación a
iniciar de oficio la indagación previa, con fundamento en lo normado en
el artículo 208 del Código General Disciplinario", indicó el Ministerio
Público.
Juicio a Uribe:
Expertos en comunicaciones declaran ante juez

Con la declaración de la patrullera de la Policía
Nacional adscrita a la dirección de Investigación Criminal de Interpol,
Lina María Solano Cuéllar, analista de comunicaciones de Policía
judicial, se desarrolló el día 30 del juicio contra el expresidente
Álvaro Uribe Vélez por supuesto soborno a testigos.
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La testigo fue la encargada de realizar un informe de
campo del 29 de mayo de 2018, en el que se consignaron las grabaciones
telefónicas al celular de Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche,
en relación con temas políticos y a una citación ante la Corte Suprema.
De igual forma, rindió declaración en calidad de testigo la
investigadora Carolina Vargas Villamil quien actualmente ejerce
funciones de Policía judicial en la unidad de apoyo investigativo de la
Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Este testimonio se suma al testimonio rendido por los
investigadores Julio Andrés Cepeda y Óscar Álvarez Muñoz.
Fiscalía revela varias interceptaciones telefónicas
La fiscal delegada Marlene Orjuela reveló nuevas interceptaciones
telefónicas en desarrollo del juicio contra el expresidente Álvaro
Uribe, en una de ellas con fecha del 19 de febrero de 2018 en la que
Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, habla con otra persona que
indica que quería ayudar al exmandatario porque supuestamente el senador
Iván Cepeda estaba ofreciendo prebendas para que “hundieran como fuera a
Uribe”.
También durante la audiencia de juicio del jueves 24 de abril contra el
expresidente Álvaro Uribe la Fiscalía reveló otra grabación en el que
Uribe Vélez le dice al abogado Diego Cadena que el exparamilitar Juan
Carlos Sierra, alias El Tuso Sierra, le señaló que en su momento lo
visitaron en la cárcel Iván Cepeda, Rodrigo Lara, y la fallecida Piedad
Córdoba.
Juez ordena practicar
pruebas a Epa Colombia para definir si recibe la detención domiciliaria

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá ordenó practicar una serie de pruebas dentro del
trámite para resolver la petición de detención domiciliaria para la
influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia'.
Esta solicitud fue elevada por parte del abogado Francisco Bernate tras
encontrarse recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá,
donde paga su condenada a 5 años y 2 meses de prisión por daño en bien
ajeno, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u
oficial e instigación a delinquir con fines terroristas, por cometer
actos vandálicos contra las estaciones de Transmilenio, durante el paro
nacional de 2019.
Esta petición plantea que a Epa Colombia sea cobijada con la Ley 2292 de
2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública, sancionada por el
presidente Gustavo Petro, ya que cumple entre otros requisitos que es
madre cabeza de familia y fue condenada a una pena inferior a los ocho
años de prisión.
Además, la defensa presentó como parte de su solicitud un
proyecto titulado "Aprende y Emprende con Epa Colombia", cuyo objetivo
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es capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad en
técnicas de belleza capilar.
Concluyó que en los delitos por los cuales fue condenada EPA Colombia,
no se evidencia el uso de menores para la comisión de delitos y se
acredita que la comisión de estos hechos se encuentra asociada a sus
condiciones de marginalidad.
Dentro de las pruebas que ordena practicar la juez se
ofició al Ministerio de Justicia para que, en el menor tiempo posible,
remitan el registro actualizado de las plazas para la prestación del
servicio de utilidad pública y los convenios disponibles en la ciudad de
Bogotá.
Day Vásquez rompió el
silencio: "No se imaginan la cantidad de cosas que sé y finjo no saber"

Daysuris Vásquez publicó en su cuenta de X: "No se
imaginan la cantidad de cosas que sé y finjo NO saber". En el último día
de diligencia, Alejandro Carranza, apoderado del hijo mayor del
presidente de la República, puso en duda la credibilidad de Daysuris
Vásquez Castro como "testigo estrella" en el proceso contra el
exdiputado, investigado como presunto responsable de los delitos de
concierto para delinquir y lavado de activos.
De acuerdo con el jurista, las versiones de Vásquez, ante el ente
acusador, Procuraduría, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia y en diferentes medios de comunicación, se evidencian
contradicciones.
El jurista comparó declaraciones públicas de Days y lo que expresa en
redes sociales. Por ello, pidió un examen psicológico y perfil criminal
de la expareja del exdiputado del Atlántico.
En medio de una de las audiencias, Carranza le solicitó a Hugo Carbonó,
juez del caso, autorizar este análisis, alegando que sus comportamientos
y conductas en redes sociales y medios de comunicación han sido
"inconsistentes".
En este sentido, señaló la necesidad del dictamen de un profesional de
la salud para determinar las verdaderas razones que han impulsado y que
han rodeado las declaraciones de Vásquez, que, según él, a lo largo del
proceso, han sido entregados por la mujer. Manifestó que Vásquez Castro
ha alterado sus versiones y ha generado una presión mediática. Agregó
que el contenido varía según el entrevistador, pero prevaleciendo “un
patrón de linchamiento a Nicolás Petro”.
Según el abogado, lo que Vásquez expresa en redes sociales, contrasta
con una línea de tiempo del proceso judicial.
"Es importante desde el punto de vista forense y para la sicología,
evaluar el por qué un testigo de semejante importancia, con semejante
premio como lo fue la inmunidad en el proceso penal, porque debería
estar sentada al lado de Nicolás defendiéndose si hubo enriquecimiento
ilícito, si fue coautora, si participó en el lavado de activos o no".
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